La Corte Suprema confirmó una decisión crucial de la Corte de Coyhaique respecto a un caso de robo de fondos en el Banco del Estado de Chile. Este fallo es una victoria para una afectada por estafa, en un conflicto que involucra la restitución de dinero sustraído de manera fraudulenta.

Detalles del caso

La demandante enfrentó el robo de 35 UF desde su cuenta debido a una estafa telefónica. A pesar de denunciar el incidente a las autoridades y notificar al banco, su solicitud de reintegro fue rechazada bajo el argumento de no ajustarse a la Ley N° 20.009, lo que ella consideró una vulneración de su derecho de propiedad.

Según la recurrente, el banco debía proporcionar más seguridad en las transacciones y asumir la responsabilidad del fraude.

Por su parte, Banco Estado argumentó que el fraude fue resultado del manejo irresponsable de la información personal por parte de la cliente, por lo que no procedía la devolución. Afirmó que siguió protocolos de seguridad, y que la responsabilidad recaía en la falta de diligencia de la afectada.

Decisión judicial

La Corte de Coyhaique determinó que el Banco actuó de manera inadecuada al no reembolsar los fondos, sosteniendo que la cliente cumplió con los requisitos de la Ley N° 20.009. El fallo enfatizó que el banco debía haber reembolsado los 35 UF y, si sospechaba de dolo o culpa grave, debió haber acudido al juez competente para suspender el reintegro, lo cual no se hizo.

Además, el fallo destacó que la entidad bancaria falló en adherirse a principios de proporcionalidad y razonabilidad, lo que representó arbitrariedad. La Corte consideró que no había evidencia de autorización de las transacciones cuestionadas por parte de la demandante.

Implicaciones futuras

La Corte Suprema, al confirmar la sentencia, subraya la responsabilidad del banco de restituir los fondos conforme a la Ley N° 20.009, respetando los procedimientos legales.

Esta decisión reafirma la importancia del derecho de propiedad protegido por la Constitución y establece un precedente clave en protección al consumidor frente a fraudes electrónicos.